Tercer grado penitenciario: requisitos, cuándo se puede pedir y cómo se solicita

No existe un plazo universal. La regla general es que la clasificación no depende de haber cumplido una parte fija de la condena, sino de la evolución del tratamiento: el artículo 72.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria permite incluso situar al interno inicialmente en tercer grado, sin pasar por los anteriores, cuando de la observación y clasificación resulte estar en condiciones para ello. Por eso la clasificación inicial es un momento relevante.

Existen, sin embargo, límites temporales legales. Cuando la pena de prisión impuesta supera los cinco años, el juez o tribunal sentenciador puede ordenar que la clasificación en tercer grado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena (artículo 36.2 del Código Penal); ese periodo de seguridad es obligatorio, sin necesidad de acuerdo judicial, en determinados delitos: terrorismo, delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal, y determinados delitos contra la libertad sexual y de explotación cuando la víctima es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.

El Juez de Vigilancia Penitenciaria puede, no obstante, acordar razonadamente la aplicación del régimen general de cumplimiento —dejando sin efecto el periodo de seguridad— previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, salvo en los supuestos en que la ley lo excluye (artículo 36.3 del Código Penal).

En la prisión permanente revisable rigen plazos propios: la clasificación en tercer grado exige autorización del tribunal y no puede efectuarse hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, o veinte en los delitos de terrorismo (artículo 36.1 del Código Penal).

La propuesta parte del centro penitenciario: la Junta de Tratamiento, con los informes del Equipo Técnico, formula la propuesta de clasificación o de progresión de grado. La resolución corresponde al Centro Directivo de la Administración penitenciaria, que debe dictarla por escrito y motivada.

Los plazos están reglados: la propuesta de clasificación inicial se formula en el plazo máximo de dos meses desde que el centro recibe el testimonio de la sentencia, y el Centro Directivo resuelve en otros dos meses, ampliables hasta dos más (artículo 103 del Reglamento Penitenciario). Después, la clasificación se revisa como máximo cada seis meses (artículo 105 del Reglamento Penitenciario), de modo que la situación puede mantenerse, progresar o regresar según la evolución que refleje el expediente.

En régimen abierto las salidas del establecimiento se planifican para desarrollar actividades laborales, formativas, familiares o de tratamiento, con el horario y la periodicidad necesarios para la actividad y los desplazamientos (artículo 86 del Reglamento Penitenciario). Con carácter general, el tiempo mínimo de permanencia en el centro es de ocho horas diarias y se pernocta en él.

La pernocta puede sustituirse cuando la persona penada acepta voluntariamente el control de su presencia fuera del centro mediante dispositivos telemáticos —la conocida pulsera— u otros mecanismos de control suficiente; en ese caso solo debe acudir al centro el tiempo fijado en su programa de tratamiento para actividades, entrevistas y controles presenciales (artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario).

Los internos en régimen abierto disfrutan además de salidas de fin de semana, como norma general desde las dieciséis horas del viernes hasta las ocho horas del lunes, ampliables en veinticuatro horas por cada festivo consecutivo; la Junta de Tratamiento las regula de forma individualizada y el Centro Directivo puede aprobar horarios distintos (artículo 87 del Reglamento Penitenciario). Estas salidas no se descuentan del cómputo de permisos ordinarios.

Tener un contrato de trabajo no es un requisito legal del tercer grado, pero la actividad laboral exterior pesa mucho en la valoración y condiciona la modalidad: cuando no es posible desempeñar un trabajo en el exterior, o cuando lo aconseje el tratamiento, la Junta puede establecer un régimen abierto restringido con salidas limitadas (artículo 82 del Reglamento Penitenciario).

No existe un formulario oficial: basta una instancia dirigida a la Junta de Tratamiento del centro. Un escrito útil identifica al interno y su situación penitenciaria (condena, liquidación, grado actual y fecha de la última revisión), expone los cambios producidos desde entonces, y acompaña la documentación que acredita el proyecto exterior: oferta o contrato de trabajo, matrícula formativa, vivienda disponible, apoyo familiar, informes de tratamiento y, cuando proceda, el pago o el compromiso de pago de la responsabilidad civil.

Conviene que el escrito pida expresamente que, si la Junta no propone la progresión, se remita su informe al Centro Directivo para que resuelva (artículo 105.2 del Reglamento Penitenciario), porque esa resolución es la que abre la vía de recurso ante el Juez de Vigilancia.

Frente a la resolución que deniega la progresión cabe recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que controla las decisiones de la Administración penitenciaria en materia de clasificación. Contra el auto del Juez de Vigilancia caben, a su vez, los recursos de reforma y de apelación en los términos legalmente previstos. La vía concreta y el plazo dependen de la resolución y de su notificación, por lo que debe examinarse cada caso antes de actuar.

La clasificación tampoco es irreversible. Cuando se aprecia una evolución desfavorable o el incumplimiento de las condiciones del régimen abierto —por ejemplo, una salida con incidencias o una sanción— puede acordarse la regresión a segundo grado, que también es susceptible de recurso. En estos supuestos resultan especialmente relevantes los informes y las resoluciones previas incorporadas al expediente.